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Poco a poco, volvemos a una normalidad inédita, llena de claroscuros e incertidumbres. ¿Cuál será el nivel de recuperación de los puestos de trabajo? ¿Habrá más Estado de Alarma? Lo que sí es seguro es algo ya constante, la pérdida de poder adquisitivo y de derechos de la sociedad. Como respuesta a este status quo, el Gobierno Central ha aprobado un Ingreso Mínimo Vital para paliar las necesidades de personas que, por varias razones, no han podido acceder a las prestaciones o ayudas ya anunciadas. En este boletín incluimos un artículo sobre este tema del sociólogo Daniel Albarracín, comparándolo con la reivindicación de la Renta Básica Universal (RBU).

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Laboral
La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León ha negado a una mujer el derecho a percibir una pensión de viudedad tras la muerte del hombre con el que convivía desde hacía más de 5 años por no haber acreditado que eran pareja sentimental al no estar inscritos como tal en un registro público. La Sala de lo Social considera que la exigencia de inscripción en el registro de parejas de hecho no puede ser sustituida por la aportación de «unos certificados de empadronamiento, que constituyen prueba de residencia y domicilio más no sirven para acreditar la existencia de pareja de hecho, ni por la adquisición de una vivienda en común más de dos años antes, no siendo equiparable la formalización notarial de su relación con una escritura de compraventa de un inmueble en que intervinieron la actora y el causante sin manifestar siquiera constituyeran pareja de hecho».

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Guijuelo (Salamanca) por discriminar a un trabajador temporal y reconoce el derecho de unos padres a percibir una indemnización por la muerte de su hijo, pese a ser empleado temporal del Consistorio. En el acuerdo en cuestión, señala el Tribunal Supremo, «se establece una diferencia de trato inadmisible en la mejora voluntaria de Seguridad Social entre trabajadores en función de la naturaleza de su contrato, que contraviene la Directiva 1999/70CE, reiteradamente interpretada por el TJUE señalando que el Acuerdo Marco anexo a la Directiva, y en particular su cláusula 4, tiene por objeto la aplicación de dicho principio a los trabajadores con contrato de duración determinada con la finalidad de impedir que una relación laboral de esta naturaleza sea utilizada por un empleador para privar a dichos trabajadores de derechos reconocidos a trabajadores con contrato de duración indefinida».

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Diario de Sevilla se ha hecho eco de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla número 4 que ha anulado ha anulado la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para el año 2019, al considerar que la actuación administrativa de la universidad es «nula de pleno derecho», al haberse «obviado» la negociación colectiva en relación con los trabajadores laborales representados por el comité de empresa. Autonomía Sur ha dirigido la defensa técnico-jurídica de este proceso.

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El Pleno del Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de marzo de 2020 ha anulado un contrato de tarjeta de crédito revolving, instrumentos para aplazar compras, por entender que el tipo de interés fijado por el mismo, de un 26,82%, es usurario, al ser notablemente superior al interés normal del dinero. En concreto, el Supremo considera que “La concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico”.

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Que las compañías mantengan litigios por determinadas consecuencias derivadas de accidentes de tráfico de escasísima cuantía, cuando el accidente se cuestiona sin una mínima base que lo justifique, constituye un abuso del proceso determinante de un daño para los intereses generales que puede dar lugar a responsabilidad, pues tienen a su alcance otros métodos de realizar el valor de lo justo mucho más barato, mucho más rápido y menos gravoso para las arcas públicas, como puede ser la mediación, cuyo uso ni siquiera intentan.

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Difundir imágenes obtenidas con el permiso de la víctima que afectan gravemente a su intimidad constituye un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La sociedad no puede permanecer indiferente a la difusión intencionada de imágenes conectadas a la intimidad y que, una vez incorporada a una red social, multiplican exponencialmente el daño generado.

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Derechos sociales
Artículo del sociólogo Daniel Albarracín sobre el Ingreso Mínimo Vital propuesto por el Gobierno Central para afrontar el COVID-19. ¿Es comparable a la Renta Básica Universal (RBU)? ¿Qué es el Trabajo Garantizado?

Lee “El IMV y los vehículos para el cambio: Renta Básica Universal, Empleo Garantizado y Desmercantilización y Democratización Laboral”.

Memoria democrática
Abogados en Red y Autonomía Sur hemos participado en el Homenaje Popular a las víctimas del Caso Almería. El 9 de mayo se cumplió el 39 aniversario de este atroz asesinato. Memoria, dignidad, justicia y reparación. En el enlace puedes ver el acto que se realizó de manera online.

Ver el homenaje a las tres personas asesinadas en el Caso Almería.

Fiscal
La Asesoría Fiscal y Económica de Autonomía Sur ha resumido en el siguiente artículo los detalles de cómo constituirse como cooperativa, con las pautas iniciales para su creación. Autonomía Sur  y Abogad@s en Red están a tu disposición para cualquier consulta en este sentido.

Lee las ventajas de constituirse como cooperativa.