"Como las demandas particulares no funcionaron, ahora vamos a por la ley" | Periódico Diagonal

15/10/2014
El 27 de diciembre de 2013, el Gobierno del PP aprobaba el Real Decreto 1045/2013 con el que se suprimía la revalorización automática de las pensiones con el IPC del año anterior.No era algo nuevo. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero venía haciéndolo desde 2010, explica Alex Tisminetzky, abogado del Col.lectiu Ronda, uno de los impulsores de la demanda. Pese a sus promesas electorales, el Gobierno de Mariano Rajoy “convitió en ley, en algo permanente, algo que se hacía año tras año desde 2010”, dice. "Rajoy convirtió en ley, en algo permanente, algo que se hacía año tras año desde 2010"

“La cotización en España ya es baja, más baja aún en el caso de las mujeres. Con este decreto, el Gobierno se ahorra muchísimo dinero, 33.000 millones en nueve años según la ministra Báñez, pero los pensionistas pueden llegar a perder un 28% de su poder adquisitivo en 15 años”, señala  Tisminetzky.

Como respuesta a lo que consideran una “vulneración de sus derechos” y una merma en el poder adquisitivo, la Marea Pensionista lanzó durante todo 2013 y hasta marzo de 2014 una campaña para denunciar en los juzgados la medida del Gobierno del PP y reclamar que el dinero sea devuelto. Sólo en Barcelona, más de 10.000 personas se querellaron contra el Gobierno. Y en Sevilla, en un sólo día miles de personas demandaron en los juzgados la devolución del dinero de la revalorización.

La campaña, apoyada legalmente por el Col.lectiu Ronda, fue especialmente fuerte en Catalunya, y contó con el apoyo de las Asambleas 15M de los barrios de Sants y les Corts y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.

En el País Vasco y en Burgos, los primeros jueces aceptaron las demandas y dieron la razón a los pensionistas. Pero la alegría no duró demasiado. La justicia, explica Tisminetzky, “dijo que había que esperar al Constitucional y se suspendieron todos los juicios. Como esta vía no funcionó, ahora vamos a por la ley”.

Entre los argumentos de la inconstitucionalidad de la norma los convocantes destacan en concreto los artículos 41 y 50 de la Constitución, en donde se especifica que las pensiones deberán ser “adecuadas y periódicamente actualizadas”. La Carta Magna también indica que las pensiones deben garantizar la “suficiencia económica” de los beneficiarios. Para Tisminetzky, el decreto también viola los tratados y protocolos internacionales de la OIT.

Para este miembro del Col.lectiu Ronda, existe un doble objetivo detrás de este decreto. Por un lado, utilizar la liquidez de las pensiones públicas para mitigar el déficit. Y por otro, “devaluar las pensiones públicas” para favorecer “las jubilaciones privadas, a la banca y a las compañías de seguros”, más que interesadas en derivar la ingente cantidad de recursos económicos de las pensiones hacia la empresa privada. “Han hecho la prueba durante cuatro años y como no ha habido grandes resistencias han visto que podían ir más allá”, denuncia.

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